No hay fecha que no se cumpla, y el país amaneció hoy 2 de julio como muchos pensaban y anticipaban: con una elección aparentemente definida en las cifras oficiales que dicen que Enrique Peña Nieto “ganó" con una diferencia de siete puntos porcentuales la Presidencia”, pero también con un segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, que aún no reconoce esos resultados y con cierto tono de amago “Todavía no está dicha la última palabra” dice que esperará al miércoles cuando ocurran los cómputos distritales contemplados en la ley.
La misma noche del domingo vimos funcionar el aparato político y mediático que se apresuró a cantar el triunfo de Peña Nieto y a decir que el tiempo de elecciones había pasado y seguía ahora el tiempo de acuerdos. Pero en sentido estricto, la elección todavía no termina y hasta que concluyan esos cómputos distritales y se cuenten y recuenten oficialmente los resultados de las actas de escrutinio, se tendrá el resultado oficial final.
Y aún publicado ese resultado, se abre el tiempo legal para las impugnaciones, que son los recursos de inconformidad que puede presentar cualquier partido o candidato para cuestionar los resultados de ciertas casillas, distritos o por violaciones legales cometidas durante la elección. Esos recursos llegarán al Tribunal Electoral de la Federación y ahí es donde, efectivamente, se dirá la última palabra.
¿Es posible revertir resultados ya publicados? Sí, si se presentan las pruebas que acrediten las denuncias y los magistrados del Tribunal las consideren válidas, tales como las diferencias de votos reales a los “oficiales” del PREP, donde 149 votos del PRD se convierten en 49 o que 001 del PRI se hacen 81 (supongo que el “8” estaba acostado en el acta) o “pequeñeces” como en la sección 5614 donde existen 420 electores pero el PRI tiene 801 votos. Con detallitos como estos es posible que se modifique o anule la votación en una o varias casillas afectando así el resultado total de la elección. Claro que para eso se requiere que el volumen de votos impugnados a través de los recursos presentados sea el suficiente para provocar una modificación importante o que las causales de anulación que argumente el demandante sean lo suficientemente graves y cuenten con pruebas claras y fehacientes como para que el TRIFE decida anular votos.
¿Puede eso ocurrir con una impugnación encabezada por Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Progresista? En teoría podría ocurrir si se cumplen las condiciones antes mencionadas: solidez jurídica de sus impugnaciones, pruebas contundentes y argumentos bien planteados. El problema, es que siete puntos porcentuales de diferencia, como los que oficialmente le saca Peña a AMLO, equivalen a casi 3.5 millones de votos (cada punto porcentual son cerca de 500 mil votos), y revertir una diferencia así, con tal cantidad de votos, se antoja difícil. (detalle que en los próximos días con toda la gente interesada, informada y con disposición de ayudar se encargara de hacerlo realidad).
Tal vez la posibilidad que tendría el movimiento lopezobradorista, siempre y cuando decidiera encauzar su protesta, si es que la hay, por la vía jurídica, sería más buscar causales de nulidad de la elección como la inequidad, las violaciones a la ley por compra de votos o algún otro concepto de los que establece el COFIPE como causa de nulidad. ¿Podrán hacerlo AMLO y sus abogados? La experiencia dice que en 2006 el tabasqueño no tuvo la capacidad, ni él ni sus asesores, de armar un recurso de impugnación bien fundamentado y mejor argumentado, y hay quien dice que, con una impugnación mal planteada, sus abogados perdieron el caso en el Trife y abrieron la puerta para aquel ya célebre fallo en el que los magistrados reconocieron que hubo graves violaciones a la ley, entre ellas las cometidas por el presidente Vicente Fox, pero “nomás tantito” y no afectaron el resultado final de aquella cuestionada elección.
Veremos esta vez qué decide hacer López Obrador. La maquinaria oficial y del sistema ya están caminando y se aprestan a que Enrique Peña Nieto sea declarado primero ganador de la elección y luego Presidente electo para que rinda protesta el próximo 1 de diciembre. Legalmente tienen todos los elementos para hacerlo, a menos que el Tribunal diga otra cosa. De otra manera, si López Obrador no elige la vía legal y opta otra vez por lanzar a la gente a la calle, con o sin él, todo se vuelve impredecible.
De una u otra manera, ya sea por el IFE, TRIFE, Obrador y/o el mismo pueblo enardecido, PEÑA NO LLEGARA A LA PRESIDENCIA.