
Primer punto: ¿Por qué se necesita rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación? Según Andrés Manuel López Obrador, el Estado se encuentra secuestrado por una minoría, y ésta es la causa principal del desastre nacional. Existe una República aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales pero, en los hechos, un grupo los ha confiscado.
Por eso se propone recuperar democráticamente al Estado. Una vez logrado su propósito, pretende reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, a través de reglamentos o leyes secundarias que violan la Constitución. Este procedimiento lo aplicaría fundamentalmente a las áreas de minería, industria eléctrica y petróleo.
Segundo punto: ¿Por qué se requiere democratizar los medios masivos de comunicación? El ex jefe de Gobierno del DF considera “inaceptable” que un pequeño grupo posea el control de la radio y la televisión, y que éste administre la ignorancia en el país en función de sus intereses. No propone expropiar, sino que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Así, no hace falta eliminar el régimen de concesiones ni crear una excesiva reglamentación, y muchos menos optar por la censura. La democratización se lograría evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia.
La propuesta es clara: Que haya todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, sólo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos, como sucede actualmente.
Tercer punto: ¿Qué significa crear una nueva economía? El líder opositor insiste en la necesidad de cambiar la actual política económica, pues no ha dado resultados ni siquiera en términos cuantitativos. En efecto: México es uno de los países con menor crecimiento en el mundo durante los últimos años.
La nueva política económica, según su visión, debe ser conducida por el Estado. Ello implica impedir la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. De esta forma el Estado recuperaría su facultad para planear el desarrollo, de acuerdo con el interés nacional. Se propone hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos los esfuerzos a la economía real, es decir, a trabajar y producir los bienes que necesitamos, porque sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado y bienestar colectivo. Tampoco economía poderosa ni nación soberana.
Cuarto punto: ¿Por qué y cómo combatir las prácticas monopólicas? El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, pero el Estado ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de esta norma. El diagnóstico de López Obrador es contundente: En México hay grandes monopolios vinculados al poder, que encarecen los bienes y servicios y dañan la economía de los sectores populares y de las clases medias. También perjudica a pequeños y medianos productores, al igual que a empresarios y comerciantes, quienes se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados.
Los números no mienten: los mexicanos pagamos por el cemento gris 146 por ciento más que los estadunidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 52 por ciento más por electricidad de alta tensión; 185 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por televisión por cable; 145 por ciento más por Internet de banda ancha; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es nueve veces menor que en estados Unidos.
“En este país pobre, se paga más que en las naciones ricas, y con peores condiciones de servicio”, dice López Obrador. Y tiene razón: no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Mientras no evitemos los precios exagerados de empresas que operan en nichos protegidos, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos. Tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.
Quinto punto: ¿Cómo abolir los privilegios fiscales? Según Andrés Manuel López Obrador, desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico, que se ha ampliado y ratificado sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar impuestos, o en su defecto devolvérselos. El propio Felipe Calderón lo reconoció cuando dijo que “las empresas que más ganan, rara vez, muy rara vez, pagan impuestos”.
En México, a la inmensa desigualdad social y económica, hay que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, en los profesionistas y en los pequeños y medianos empresarios. Para enfrentar este problema, el tabasqueño propone aprobar una reforma fiscal progresiva. En otras palabras, que paguen más los que tienen más. Las grandes corporaciones y los más ricos, tributarían al erario público en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o en las llamadas economías emergentes.
Sexto punto: ¿Qué significa ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana? Primero el diagnóstico obradorista: “Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción”. Por eso, en su opinión, es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios: “Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás”.
En materia de austeridad plantea retomar el ejemplo de Juárez y los liberales: apego al criterio de que los servidores públicos deben vivir en la justa medianía. “Nada de sueldos onerosos y ofensivos, ni flotillas de aviones y helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante”. También cree que debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Y es que, actualmente, al pueblo le cuesta mucho mantener al gobierno.
Séptimo punto: ¿Por qué fortalecer el sector energético? López Obrador estima “urgente” detener la “terrible crisis que se avecina”, como consecuencia de la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Su juicio es rudo:
“El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios sólo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como los de la Cuenca de Burgos o de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un gran daño al patrimonio nacional.
“Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo, sin reponer reservas. Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir 774 mil barriles diarios. Es decir, ahora producimos 2 millones 600 mil barriles al día y de seguir esta tendencia, en cuatro años apenas se estarán extrayendo 2 millones de barriles, que sólo alcanzarían para cubrir la demanda interna; con el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono a las plantas petroquímicas, seguiríamos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos”.
Ante este panorama, el líder opositor apremia a modificar radicalmente la actual política petrolera, lo cual implica recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de tres grandes refinerías, para dejar de importar el 40 por ciento de las gasolinas que consumimos. Estas medidas permitirían industrializar la materia prima “y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero”, con el propósito de generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos.
El octavo punto del decálogo presentado por Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado en el Zócalo capitalino, retoma una meta del Estado mexicano anterior al ascenso de los neoliberales al poder público: Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983, en efecto, se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar en el exterior los alimentos que consumimos. Consecuentemente, existe una gran cantidad de tierras ociosas en la actualidad. Por eso el medio rural se ha despoblado y millones de mexicanos han tenido que emigrar.
Este año, por ejemplo, están destinados 16 mil millones de dólares para la compra de alimentos en el extranjero. La mayor parte corresponde a maíz, frijol, arroz y leche, pero también a carne de res, de cerdo y a desechos de pollo, que bien podrían producirse en el país. Ante este panorama, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal reclama el fortalecimiento de la agricultura de autoconsumo, de la cual dependen millones de campesinos e indígenas pobres. Está convencido de que es ahí donde se conservan las semillas orgánicas y las variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. Desde luego, se opone al maíz transgénico.
Noveno punto: ¿Qué significa establecer el Estado de bienestar? Proteger a los pobres, a los débiles y a los olvidados, frente a la desigualdad social, la incertidumbre económica y otras calamidades. Bajo este criterio, el Estado mexicano debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
López Obrador insiste en que debe de otorgarse la pensión universal para los adultos mayores del país; el otorgamiento de becas a todos los discapacitados pobres; y la atención médica y los medicamentos gratuitos para la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social.
En su formulación, la solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es también la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reitera, con miras al 2012, su eslogan de campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2000: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
El décimo y último punto de la propuesta obradorista es “promover una nueva corriente de pensamiento”. Ello significa que la necesaria transformación del país no sólo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar; implica también, y sobre todo, “cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad; añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente”.
Hay que alentar, dice, un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro, a la vez que exalte la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo.
Tales son las premisas con las que el tabasqueño construye su Nuevo Proyecto Alternativo de Nación. Son las mismas con las que pretende transformar su simbólica Presidencia Legítima en Presidencia Constitucional dentro de tres años. El problema es que el tan temido estallido social del que todos hablan, puede modificar los esquemas y estrategias. Primero hay que sobrevivir el 2010. ¿Y la resistencia civil?