Hoy es un día que habrá de definir rumbos. Los trabajadores agraviados por la decisión de Felipe Calderón de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, han llamado a un paro parcial de labores, que en realidad es un ensayo de la huelga general en la que desembocaría la creciente movilización social encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Esa eventual huelga general, a su vez, podría derivar en la petición creciente de diversos sectores de la población que ven posible la extinción del gobierno panista, por las mismas razones que éste atribuye a los electricistas.
Y es que, si el autoproclamado “presidente del empleo” fue capaz de suspender la pensión a más de 22 mil electricistas jubilados y dejar sin trabajo a más de 45 mil trabajadores activos, en medio de la peor crisis económica del país en más de 80 años, ¿por qué no solicitar la revocación de mandato? El ciudadano tiene el deber y la obligación de elegir a sus gobernantes, pero no tiene el derecho a despedirlos.
La crisis económica, por lo demás, ciertamente tiene componentes externos, pero su profundización y prolongación es culpa absoluta del gobierno federal, que en un principio minimizó el problema y luego lo enfrentó, precisamente, con las mismas recetas que habían propiciado la recesión.
Si a eso le sumamos el inmoral paquete fiscal enviado por Calderón y avalado por las bancadas del PAN, PRI, PVEM y PANAL en ambas cámaras del Congreso de la Unión, es comprensible el enojo de crecientes segmentos sociales, incluidos algunos que en 2006 votaron por la coalición derechista que encabezó el michoacano.
El paquete fiscal, no hay que olvidarlo, crea nuevos impuestos e incrementa varios de los ya existentes. La peculiaridad es que todos estos gravámenes al consumo y al ingreso afectan directamente a la mayoría de la población, y muy particularmente a las personas de menores ingresos. En contraste, la propuesta gubernamental mantiene los privilegios de los grandes grupos empresariales, que seguirán evadiendo impuestos.
En resumen, Calderón decidió mantener el viejo esquema de todo gobierno neoliberal: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. El problema es que, hacerlo en estos tiempos de gran irritación social y violencia generalizada, propiciada también por la militarización del país, parece un absurdo o una provocación.
En ese sentido, la movilización de hoy del SME y de todos los grupos y ciudadanos que apoyan la lucha de los electricistas, es determinante para el futuro inmediato del país. El punto de mayor conflictividad es la anunciada recuperación de las instalaciones de la compañía por parte de los trabajadores. Voces gubernamentales han advertido en privado a los sindicalistas que, si se atreven, se actuará contra ellos “con toda la fuerza del Estado”.
¿Y eso qué significa? Que el gobierno puede responder con una represión generalizada. Es decir, con un nuevo Tlatelolco. ¿Se atreverá? En lo personal, no me queda duda de que si Calderón decidiera emular la política genocida de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, entonces sí, su caída sería inevitable.
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