¡Bonitos trofeos para la seguridad nacional!, la muerte de civiles inocentes y lo peor de todo, de menores.
Paso en Cd. Juárez, en Tamaulipas, en Acapulco, etc.
Hasta cuando el espurio entenderá que esta no es la manera de enfrentar a la delincuencia, no se debe cobijar a un cartel y enfrentar al otro.
Acaso no se da cuenta que es en el norte panista es donde se presentan estos problemas, ¿Porque no hablamos de violencia en otros estados más poblados (y que por ende serían más violentos)? ¿Por qué aquí en el DF, corazón del país, repleto de gente y donde fácilmente puede conseguirse de todo (llámese armas y drogas), no hay presencia de carteles, sicarios, descabezados, narcomantas, desaparecido, tiroteos y un largo etc.? Sera porque aquí no gobierna el PAN, porque los militares no tienen retenes o patrullan las calles, porque aquí difícilmente nos espantamos de algo. Háganse ustedes las preguntas que necesiten.
NO se debe militarizar las ciudades, NO se debe sembrar el pánico en la población, NO se debe permitir la salida de los militares a realizar tareas ajenas. Se debe investigar a los criminales e ir tras ellos, no estarlos esperando en cada esquina apuntado a la cabeza de cada civil que comete el “pecado” de pasar.
La Secretaría de Gobernación afirmó que “la muerte de dos niños en un retén del Ejército en Nuevo Laredo se debió a que en ese momento los soldados repelían la agresión de sujetos armados”. Es decir, este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos, señaló. Las fuerzas armadas, agregó, “han tenido que remover bloqueos organizados por grupos criminales en las principales carreteras de Tamaulipas, así como enfrentamientos y ataques a instalaciones militares”.
Justificó que la muerte de los menores (que viajaban con sus padres en una camioneta rumbo a la playa de Matamoros) ocurrió en un contexto en el que hubo fuego cruzado, porque había también, en ese retén, la presencia de delincuentes en otros vehículos. Señaló que estos temas “sí duelen, lastiman, preocupan y angustian, pero tienen qué ser enfrentados”.
Cuanto más debe pagar la sociedad por los errores de un mal administrador (ojo, no dije presidente), debemos levantarnos todos al unísono, no en contra del falso narcotráfico sino del pésimo gobierno federal que invita al despojo de los inocentes y daña más que este.
Razonemos: las únicas armas que pueden acabar con el tráfico de drogas son las bombas nucleares, siempre y cuando sean arrojadas sobre los cinco continentes, los siete mares y los millares de islas que hay en el mundo, hasta consumar la extinción total de la humanidad. De lo contrario, siempre habrá productores, distribuidores y usuarios de sustancias ilícitas, recreativas o lenitivas, sobre las superficies sólidas del planeta, incluyendo el piso de los barcos que cruzan o bordean océanos y lagos. En otras palabras, es imposible vencer militarmente al narcotráfico.
A lo que sí tenemos derecho a aspirar como sociedad, y a exigirle al gobierno, es a que regule el comercio de estupefacientes, atenúe sus efectos sociales y aplique medidas en verdad eficaces para reducir su consumo, empezando por ofrecer a los jóvenes una realidad menos insoportable, en la que encuentren acceso al estudio, al trabajo, a la salud, al deporte y a una vida libre y plena, que en serio valga la pena vivir y disfrutar, con la mente limpia, sin venenos contra el dolor, la frustración perpetua y la certeza de que el futuro no existe.
Felipe Calderón engañó al país con la mentira de la guerra "contra" el narcotráfico, sabiendo que no tenía la más mínima posibilidad de ganarla. Hoy, cuando todos vemos que la perdió, debería asumir las consecuencias. En 1982, en Argentina, una de las dictaduras militares más sanguinarias de Latinoamérica le declaró la guerra a Inglaterra, con el propósito de obtener apoyo político entre la sociedad civil. La superioridad de los británicos en cuanto a armamento y poder de fuego no sólo causó la muerte de miles de jóvenes patriotas enviados al frente, sino que destruyó al ejército de ese país del sur. Menos de dos años después, la dictadura cayó y, por decisión de los gobiernos civiles que la sucedieron, las fuerzas armadas jamás volvieron a reponerse del golpe.
De algún modo, Calderón ha repetido esa historia. Después de robarse la Presidencia en medio de un enorme repudio popular, lanzó una guerra para legitimarse y también la perdió, pero lejos de mostrarse dispuesto a imitar a los generales argentinos, renunciando al poder que el pueblo no le confirió, pretende aprovechar su derrota para mantener a las tropas indefinidamente en las calles, y a través de éstas imponerle líneas de acción a quien lo remplace al frente del Poder Ejecutivo (o lo que de esa entelequia quede cuando se vaya, si es que se va).
De diciembre de 2006 a abril de 2010 han muerto más de 22 mil personas –en su mayoría, ya no cabe duda, víctimas inocentes–, pero la exportación de cocaína a Estados Unidos desde México ha registrado un aumento constante, y el uso y abuso de esa y otras drogas dentro de nuestro país sigue expandiéndose. En lugar de proteger la salud de la población con el despliegue de soldados y marinos, Calderón ha ocasionado un grave desgaste a las fuerzas armadas: las quejas por sus abusos contra civiles indefensos se elevaron 500 por ciento en estos más de tres años (según la CNDH), pero los tribunales militares no han procesado a ningún elemento involucrado en crímenes de esta índole.
Por desgracia, el Ejército Mexicano actúa cada vez más como el de Colombia. Allá, merced a un programa del gobierno de Álvaro Uribe, los soldados cobran recompensa en efectivo, en días de vacaciones, o en ascensos de grado, si matan a un guerrillero. Sin embargo, para no molestarse en pelear contra la guerrilla y hacerle bajas, los soldados colombianos secuestran a civiles, los disfrazan de guerrilleros, los asesinan y los presentan como trofeos. Esto también empieza a suceder en México. No en balde, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida tienen como fuerza de inspiración común al ejército de Estados Unidos. No en vano, Calderón admira profundamente a Uribe, y Enrique Peña Nieto babea por él.
El pasado 3 de marzo, en Ciudad Anáhuac, un pueblo de Nuevo León al norte de Monterrey, Juan Carlos Peña Chavarría y su compañera, Rocío Elías Garza, ambos de 30 años, bien conocidos en aquella comunidad, salieron de la empresa Delphi, donde trabajaban, a bordo de un coche Lumina gris, modelo 96, placas de circulación SDD-5108, cuando quedaron atrapados en una balacera entre narcos y el Ejército. Cuatro sicarios murieron frente a Delphi y otros dos en la preparatoria pública número 24, muy cercana, pese a que ya se habían rendido.
En la refriega, una bala hirió en el brazo a Juan Carlos, y cuando él y Rocío creyeron que todo había terminado, ella salió de su escondite para pedir auxilio a los soldados; éstos le dispararon a quemarropa y le dieron un tiro en la cabeza que le desfiguró el rostro; a Juan Carlos le hicieron lo mismo; luego colocaron una pistola en la mano derecha del cadáver de Rocío y la denunciaron como integrante del crimen organizado.
El viernes 19 de marzo, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes de posgrado en mecatrónica, fueron asesinados al salir del Tec de Monterrey y el Ejército los presentó como «sicarios». En Colombia, cuando un soldado mata a un guerrillero de verdad, se dice que protagonizó un acto positivo. Pero a los inocentes que asesinan y disfrazan para cobrar la resistencia se les llama «falsos positivos». ¿Esto explica no sólo las muertes recientes en Monterrey sino la desaparición de jovencitos secuestrados por el Ejército Mexicano en Ciudad Juárez y diversos puntos de Tamaulipas?
Como bien dicta ese otro slogan “ESTARÍAMOS MEJOR CON LÓPEZ OBRADOR”.
Cartón de Hernández
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