Según la evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la percepción ciudadana de la inseguridad creció en el país al pasar de 47 por cada 100 habitantes en 2001, a 70 en 2010.
Los resultados de la Cuenta Pública 2010 en este rubro muestran que la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna, no está haciendo lo que le corresponde; el Ejecutivo estará dejando mucho qué desear en el propósito de tener la mejor Policía Federal, pues lo que observamos es una Secretaría ineficiente con recursos económicos invertidos, pero con resultados negativos.
El año pasado fue tan alarmante como 2010, con una delincuencia que operó con toda impunidad en los estados; con base en eso podemos calificar de manera permanente y cotidiana el terrible papel, catastrófico, que desempeña el secretario de Seguridad Pública federal, a quien en reiteradas ocasiones se ha solicitado su renuncia por la creciente inseguridad en el país.
La incidencia de delitos de alto impacto continuó a la alza en 2010 en comparación con 2009. Los homicidios dolosos pasaron de 15 a 18 por cada 100 mil habitantes; el robo con violencia, de 185 a 204; las extorsiones, de 32 a 39, y en secuestros se mantuvo la tasa de 1%.
Lo anterior, a pesar de que en 2010 la Cámara de Diputados asignó a la seguridad pública un presupuesto de 51 mil 537.8 millones de pesos, 14.% más que los 45 mil 122.2 mdp autorizados para 2009, y de que las instancias ejecutoras ejercieron 102.8% (53 mil 1.3 mdp).
De acuerdo con resultados derivados de las ocho auditorías que llevó a cabo la ASF en este sector, la comisión de delitos en el país entre 2001 y 2009 creció 147.8%, al pasar de 4 mil 412 a 10 mil 935 por cada 100 mil habitantes, y en 2010 alcanzó los 23 mil 956 delitos, lo cual significó un incremento de 119.1% respecto de 2009, cifra similar al acumulado de los nueve años anteriores.
Del análisis comparativo del Center for International Crime Prevention, de la ONU, respecto de países en condiciones semejantes de desarrollo, se desprende que México es el tercer país con más policías (544 mil 237), superado por India (un millón 32 mil 960) y EU (941 mil 139), y rebasa a España con 115 mil 656, a Sudáfrica con 101 mil 582, a Colombia con 91 mil 155 y a Chile con 30 mil 90.
En cuanto al número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México ocupa el sexto lugar con 17.9 asesinatos, por debajo de Colombia (61.8), Sudáfrica (49.6), Jamaica (32.4), Venezuela (31.6) y Rusia (20.1), y por encima de Estados Unidos, lugar 24 (4.3), e India, en el 26 (3.4); Chile, en el 45 (1.4), y España, en el 48 (1.2).
En cuanto a robos, por cada 100 mil habitantes, México alcanzó 204 y ocupa el sexto lugar, debajo de España (mil 232.6), Chile (692.5), Costa Rica (479.1), Sudáfrica (444.3) y Estonia (356.6), Estados Unidos se ubica en el puesto 11, con 138.5, y Colombia en el 31 (con 57.1).
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública no ha cumplido su función de ser mecanismo articulador de la participación en la prevención del delito y de las causas que lo originan, puesto que no llevó a cabo acciones de vinculación y enlace con organizaciones empresariales, sociales y otros consejos ciudadanos.
Respecto a los resultados de la fiscalización del Sector Seguridad Pública, la auditoría al Programa Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito de la Policía Federal fue dictaminada en sentido negativo; se determinaron recuperaciones probables por 9.18 millones de pesos.
Se encontraron diversas irregularidades como el pago de 598.4 millones de pesos y 5.7 millones de pesos por siete contratos, en los que no se hizo investigación de mercado que asegurara que las compras que se hicieron fueran las que más beneficiarían a la institución; en un convenio modificatorio por 579 mil pesos no se expusieron las razones por las que se aumentaron los bienes y se extendió el plazo de entrega.
En cuanto a detenciones y aseguramientos, en 2010 aseguró 49 mil 904 bienes; sin embargo, la PGR no dispuso de un mecanismo de verificación de los mismos. En lo referente a detención y puesta a disposición de personas, la ASF no dispuso de información porque el sistema activo de registro dejó de operar para dar paso al Sistema de Registro de Detenidos Relacionados con Delitos de Competencia de la PGR (SIRED) que comenzó el 1 de abril de 2011.
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