Los cambios a la normatividad constitucional promovidos por su gobierno son uno de los contrapuntos a la medianía en el ejercicio del poder que le atribuyen sus detractores. Conllevaron, entre otros aspectos, la instauración del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, el fortalecimiento de la autonomía de los municipios, la creación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la explicitación del derecho a la justicia, la incorporación de un capítulo económico al articulado de la Constitución General de la República y la elevación al más alto rango jurídico de los fundamentos de la política exterior.
De ese conjunto normativo ha de destacarse la reforma a los artículos 25, 26 y 28 de la Ley Suprema. A través suyo se reconoció la existencia del proyecto histórico de nación, se asignó al Estado la rectoría del desarrollo integral, se establecieron las áreas estratégicas a cargo exclusivo del sector público, se incluyeron en ellas los hidrocarburos y la petroquímica básica, y se dio vida al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
También merece ser subrayada la adición a la fracción X del artículo 89 constitucional con la que se consagraron los principios rectores de la política exterior forjados a partir de la Doctrina Carranza, a los que deben ceñirse tanto el Ejecutivo federal como la Cámara de Senadores, ésta última al ejercer la delicada atribución de la ratificación de los tratados internacionales: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, y lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Ambas reformas vigorizaron el tejido constitucional, pero su ángulo trascendente deviene del hecho de que con ellas se sentaron las bases para la edificación de un muro defensivo y garante de la soberanía nacional preconizada por el artículo 39 de la Carta Magna.
Lamentablemente, la languidecente administración calderonista ha desdeñado y conculcado este valioso acervo. A guisa de ejemplo cabe señalar que el esquema de las asociaciones público privadas, los contratos integrales para la explotación de los campos maduros de Pemex y la firma del tratado sobre los yacimientos transfronterizos son adversos al mandato de la rectoría del Estado y a la prohibición de la intervención de inversionistas privados en el desarrollo del área estratégica de los hidrocarburos.
A su vez, los principios medulares de soberanía nacional, no intervención, solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los Estados no guardan relación alguna con la evidente permisividad y la actitud genuflexa adoptada ante la Casa Blanca en asuntos de suyo preocupantes y escandalosos, tales como:
I) el tráfico transfronterizo de armas que aparejaron los operativos Rápido y Furioso y Arma Blanca,
II) la presencia de “drones” o aviones estadounidenses no tripulados surcando nuestro espacio aéreo,
III) el funcionamiento en pleno Paseo de la Reforma de oficinas en que laboran numerosos agentes y representantes de las agencias encargadas de la seguridad nacional de los Estados Unidos,
IV) la impunidad en favor de contratistas privados de nacionalidad extranjera encargados de la prestación de servicios de asistencia y seguridad militar pactada dentro del texto de la Iniciativa Mérida.
Esos principios constitucionales asimismo fueron violentados al haberse permitido a los representantes del Estado vaticano, surgido a raíz de la suscripción del Tratado de Letrán de 1929, que se inmiscuyeran en los asuntos propios de los mexicanos; lo que ocurrió hace unas semanas durante la cena presidida por el secretario del Estado vaticano, Tarsicio Bertone, en la que estuvieron presentes el presidente Calderón, su esposa, el gobernador de Guanajuato y los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Economía.
Sin tapujos y haciendo gala de una manifiesta insolencia, el funcionario vaticano desplegó una férrea apología de la libertad religiosa, naturalmente matizada según los intereses políticos de la curia romana, asegurando que ésta se extiende más allá de la mera libertad de culto y que debe ser afianzada por el Estado mexicano.
Dicho reclamo fue precedido por las declaraciones hechas por el nuncio papal en el sentido de que dentro del ámbito de aplicación material de la libertad religiosa deben estar comprendidas la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas públicas, el funcionamiento de capellanías militares, el disfrute de concesiones de radio y televisión y la libre expresión de juicios, evaluaciones y críticas de contenido político por parte de los miembros del clero.
¿No es acaso una incongruencia presidencial haber tributado honores de Estado en el seno mismo del palacio nacional al impulsor de los principios jurídico políticos que han sido abiertamente quebrantados por el gobierno federal?
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